Transparencia para el pueblo: el órgano garante de los “otros datos”

Mónica Calles Miramontes

“Desaparece el órgano garante, pero no el derecho”. Slogan frívolo que socava una realidad, porque derechos humanos sin instituciones, derechos humanos sin garantías, derechos humanos sin eficacia solo son postulados vacíos y demagógicos.

Esto sucede con el derecho a la información pública, que hoy está en caída libre. Es verdad, no hizo falta eliminarlo de la Constitución, porque quedará bajo el control del gobierno federal. Así arrojaron al vacío otra más de nuestras conquistas democráticas.

Este derecho nació en la Constitución como parte de la reforma política que marcó el inicio de nuestra lenta y tropezada transición democrática en 1977, pero no fue una realidad sino varias décadas después.

De esta manera, su reconocimiento fue solo un paso; a ello sobrevino la necesidad de contar con instituciones fuertes y mecanismos eficaces, para lograr que se volviera parte de nuestra vida democrática. Esto se consiguió gracias a una ardua lucha social y política en la que participaron los mismos que hoy traicionan las causas que enarbolaron.

Así, el derecho a la información, garantizado con un órgano autónomo (INAI), ha sido utilizado por la ciudadanía para cuestionar a las autoridades y por el periodismo independiente para documentar casos de corrupción. En lo individual, ha sido empleado por diversas personas para ejercer su derecho a tener acceso a medicamentos, para conocer el destino de sus ahorros manejados en cuentas públicas, o para saber dónde estuvo la negligencia en accidentadas obras públicas; ha sido una herramienta indispensable para que, víctimas de crueles delitos de Estado, puedan conocer la verdad.

Por eso les resultó incómodo. No necesitan eliminar el derecho si lo secuestran. Será el gobierno federal quien asumirá las funciones de órgano garante de la información de los mexicanos, para poder decidir sobre la información a la que podremos acceder y manipular la verdad con los “otros datos”.

Con la eliminación del INAI, somos nosotros, la ciudadanía, quien pierde control sobre sus gobernantes. Retrocedemos al menos cuarenta años en nuestra historia. Con su eliminación, la pluralidad y disidencia se reprime y se da un golpe más a nuestra agonizante democracia.