Sorteando la justicia
El pasado fin de semana se realizó una etapa más de la elección judicial. Las candidaturas a juzgadores, magistrados, ministras y ministros fueron seleccionadas mediante un sorteo. A pesar de lo absurdo que esto es, lo más escandaloso está en que previamente no hubo verdaderos filtros para asegurar que solo los mejores perfiles llegaran a la insaculación.
El azar fue parte de la etapa de selección de candidaturas que, de forma inédita, no estuvo a cargo del INE. Esto es un retroceso de más de treinta años, cuando las elecciones se organizaban con la intervención directa del Poder Ejecutivo y Legislativo, tiempo en el cual la sombra del fraude electoral se hizo presente y orilló al nacimiento de un órgano electoral autónomo ciudadanizado y ajeno a los Poderes de la República para organizar elecciones.
Hoy no solo regresamos décadas en la organización de una elección, sino que, el inédito sorteo de candidaturas está arriesgando los bienes más preciados que tenemos: salud, familia, trabajo, dinero, ahorros, propiedad, seguridad o libertad; sin olvidar otros como el medio ambiente, derechos indígenas, competencia económica, rendición de cuentas públicas o democracia.
Se destituyó a la mitad de los juzgadores de este país y para la otra mitad corre ya una cuenta regresiva en el reloj, que los despojará de su cargo en dos años. Es la crónica de una muerte anunciada.
Las personas que fueron destituidas llegaron a sus cargos por concursos de oposición. Tuvieron que pasar por filtros como un examen técnico de cinco horas, una evaluación práctica de seis horas y un examen oral, en donde se les exigió que en cada etapa obtuvieran una calificación mínima de 8.5; además, se hizo una valoración de su trayectoria profesional y académica.
Con su destitución se arrebató al Poder Judicial Federal y a la sociedad mexicana la experiencia y profesionalismo con la que se ocupaban las plazas de juzgadores. A cambio nos dieron una elección popular de jueces donde las personas que serán votadas no pasaron por exámenes ni una valoración seria de sus perfiles. La mayor dificultad que enfrentaron los aspirantes fue la de encontrar a cinco vecinos que los recomendaran.
Más allá de una ideología política y de aceptar que el sistema de justicia del país sí requería de muchos cambios, me parece que podemos tener coincidencia en algo: cuando necesitamos de un servicio especializado, sea oficio o profesión, buscamos contratar a una persona reconocida en su trabajo.
Estoy segura de que, si necesitamos los servicios de un médico, sastre, electricista, plomero, abogado o psicólogo, no buscamos contratar a quien nos demuestre que sacó un ocho de calificación en su carrera hace quince años, ni elegiremos al azar; nos interesa que hoy sea el mejor y que nos brinde un servicio de excelencia.
Si para reparar la plomería de nuestro hogar requerimos al mejor, la protección de nuestros derechos no demanda menos.
Hace algunas décadas Francesco Carnelutti nos decía que el mayor yerro de Europa fue permitir que el legislador sobrepasara a los jueces. Hoy en México hemos permitido que el legislador no solo sobrepase a los jueces, sino que se apropie del sistema de justicia.
Debo reconocer que, seguramente algunos perfiles destacados salieron de la tómbola y esperemos que sean quienes lleguen a ocupar los cargos; sin embargo, esto no debería ser la excepción. La excelencia profesional de quienes ocuparán los mayores cargos del Poder Judicial no debe ser una cuestión de azar.
No podemos esperar que los problemas del sistema judicial se resuelvan con una tómbola. No podemos esperar que destruyendo los derechos de otras personas emane la justicia que tanto anhelamos. No podemos esperar que la calidad de la justicia mejore de esta manera.
¡Qué mala suerte del país que su justicia sea cuestión de suerte!
