Cuando la justicia del bienestar nos alcance…, ¿o ya nos alcanzó?
Publicado 13 de febrero 2025
El futuro llega más rápido de lo que uno cree; cuando menos nos damos cuenta, nos ha alcanzado. Si alguien pensó que tendríamos que esperar a la nueva integración del Poder Judicial para ver a un ejército de juzgadores rendidos al poder político, se equivocó. Hoy mismo tenemos a una comitiva de ese ejército operando en avanzada.
Primera comitiva: tres magistrados electorales de la Sala Superior
Esta semana la justicia electoral se inauguró con el teatro cómico de tres personajes de la Sala Superior del Tribunal Electoral: una magistrada y dos magistrados electorales de la Sala Superior en una reunión pública con medios de comunicación.
¿El motivo? Un penoso intento por justificar sus decisiones y buscar enmendar la tan dañada imagen que tienen como magistrados del oficialismo que resuelven como lo dicta el poder político en turno.
No perdieron la oportunidad de autoproclamarse como los tres y únicos guardianes del orden constitucional, diciendo que todas sus actuaciones se respaldan en ello.
Habría que preguntarles si para ellos la Constitución sigue siendo el mutilado texto de 1917, o si es alguna adenda del estatuto de morena. Tal vez cuando están en su escritorio y quieren resolver algo, antes de abrir la Constitución, consultan el estatuto de su partido.
De otro modo no podría explicarse por qué de manera constante emiten resoluciones que flagrantemente violan la Constitución, ni mucho menos por qué reciben el apoyo de la presidencia de la República y del Senado en cada paso que dan. ¡Cómplices todos ellos!
Cómo se extraña cuando un tribunal incomodaba a las altas esferas del poder, porque ello significaba que hacía su trabajo, siendo contrapeso de los poderes políticos. Hoy, esos tres cómicos de la justicia electoral sólo son una extensión del partido y del gobierno en turno.
En la conferencia de prensa, los magistrados trataron de desacreditar a la Suprema Corte por el proyecto que propuso poner fin al conflicto surgido por la existencia de sentencias contradictorias dictadas en el contexto de la reforma judicial; donde la Sala Superior, actuando fuera de sus facultades, ordenó el desacato de sentencias dictadas por jueces de distrito.
Esos magistrados sugieren que la Suprema Corte no debe resolver este conflicto, dejando a cada autoridad estatal la decisión de si quiere cumplir o no sentencias dictadas por jueces de amparo. ¿A quién puede interesarle que la más alta Corte no intervenga y resuelva un conflicto sobre la competencia de órganos judiciales? La respuesta es sencilla, sólo le interesa a quien desee que continúe el conflicto, la anarquía y la vulneración al orden constitucional.
No esperemos mucho en los próximos dos años. La complicidad de estos magistrados la aseguró el oficialismo al regalarles indebidamente la prórroga de sus cargos; así que continuarán pagando ese regalo con golpes a nuestra democracia.
Segunda comitiva: tres ministras
La otra comitiva de este ejército de juzgadores que han empezado a colonizar al Poder Judicial Federal está en la Suprema Corte, con tres ministras de comprobada parcialidad e incapacidad, cuya actuación ha sido factor para el debilitamiento del Estado de Derecho, de la independencia judicial, así como de la violación constante de la Constitución.
Sería interminable la lista de ejemplos. Así que me tendré que conformar con acotar esto a una sesión reciente. El cuatro de febrero la Suprema Corte discutió diversos temas sobre las leyes electorales modificadas con motivo de la reforma judicial.
No es nuevo que, tras la salida del ministro Aguilar, en la Corte ya no se logre la mayoría calificada para invalidar leyes. Pero hay temas que no deberían ser objeto de pugnas políticas. En materia de derechos humanos hay avances que nadie debería atreverse a derrumbar.
Resulta que la torpeza legislativa eliminó el derecho a una adecuada defensa y las garantías procesales más básicas, cuando decidió extinguir la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.
Las tres ministras se atrevieron a decir que, en México, fuera de la materia penal, no tenemos derecho a un recurso judicial efectivo y que es completamente válido dejarnos a merced de actos de autoridad sin que exista una sola instancia para demandar su revisión.
Los argumentos que utilizaron son desastrosos y de una regresión autoritaria que habíamos superado hace mucho tiempo. Negaron derechos humanos, negaron derechos constitucionales y desconocieron el Pacto de San José.
Para ellas, el recurso efectivo no es un derecho humano sino un “principio de la materia penal”; por lo que es válido negarlo cuando se trata de sanciones administrativas.
Así, consideran que, en México, las personas pueden ser afectadas o privadas de sus derechos por las autoridades sin posibilidad de que alguien revise la legalidad y constitucionalidad de ello.
¡Es increíble! Hace diecisiete años la Corte Interamericana dictó la primera sentencia condenatoria contra México que surgió del caso Castañeda Gutman; y la razón de la condena fue justamente que el sistema jurídico mexicano no reconocía a los ciudadanos la posibilidad de contar con un recurso judicial efectivo en el ámbito electoral.
Es algo gravísimo. Las tres ministras que aspiran a continuar en la Suprema Corte, abiertamente nos están demostrando que su interés no se centra en la protección de las personas, sino en la validación de las decisiones políticas por absurdas o arbitrarias que sean.
Tal vez las tres ministras usan el mismo ejemplar de constitución que tienen los magistrados electorales.
“Servir a la patria es un deber y un orgullo, no hay que premiar a quién sirve a la patria, sino castigar a quién de ella se sirve»
Josefa Ortiz de Domínguez